La Ley de Arrendamientos en Colombia, también conocida como Ley 820 de 2003, es una normativa que regula las relaciones entre arrendadores y arrendatarios en el país. En Servicio Legal te contamos más acerca de esta ley, para que te pueda ser de gran utilidad en caso de que quieras arrendar o poner en arrendamiento algún lugar.

Aspectos fundamentales

Duración del contrato

Uno de los aspectos más fundamentales de la Ley de Arrendamientos es la duración del contrato. Según la normativa, los contratos de vivienda tienen una duración mínima de un año, mientras que los contratos comerciales se pueden hacer con un periodo de tiempo más corto. Además, la misma ley establece que los contratos deben hacerse por escrito, especificando muy bien las condiciones del arriendo, como el valor del canon de arrendamiento, las obligaciones de las partes y las cláusulas adicionales.

En cuanto a los aumentos de los cánones de arrendamiento, la ley establece que estos no pueden superar el índice de precios al consumidor (IPC), más un punto porcentual al año. Esta medida busca proteger a los arrendatarios de incrementos excesivos y garantizar la estabilidad en los pagos.

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Garantía de habitabilidad de la vivienda

Otro aspecto relevante es la garantía de habitabilidad de la vivienda. La ley establece que los arrendadores deben entregar la propiedad en condiciones adecuadas para ser habitada. Para esto, deben asegurar que los servicios públicos estén en funcionamiento y que no existan problemas estructurales graves. Además, se debe establecer, como obligación, el realizar las reparaciones necesarias durante el periodo de arrendamiento.

Terminación anticipada del contrato

La Ley de Arrendamientos también regula los casos de terminación anticipada del contrato. Tanto el arrendador, como el arrendatario, tienen la posibilidad de terminar el contrato antes de su vencimiento. Esto puede hacerse siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones y se respeten los plazos establecidos. En estos casos, la ley establece que debe darse un preaviso de mínimo tres meses.De igual manera, la normativa protege a los arrendatarios frente a desalojos injustificados. Para realizar uno, el arrendador debe contar con una justa causa y debe seguir los procedimientos legales establecidos. Si esto llega a ser vulnerado, se pueden imponer sanciones y reparaciones a favor del arrendatario.

Servicio Legal le ayuda

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