Responsabilidad penal del menor de 14 años que atentó contra el senador Miguel Uribe: análisis legal y jurisprudencia en Colombia

Atentado contra Miguel Uribe Turbay: Un menor de 14 años y el debate sobre la justicia juvenil en Colombia

El pasado 7 de junio de 2025, durante un acto político en Fontibón (Bogotá), un menor de 14 años disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, resultando gravemente herido. El menor fue capturado en flagrancia, imputado por tentativa de homicidio y porte ilegal de arma de fuego, y puesto bajo internación preventiva en un centro especializado del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

Este hecho ha encendido un intenso debate sobre la capacidad del sistema penal juvenil y la necesidad de reformar la edad penal en Colombia, mientras se investigan posibles autores intelectuales y redes criminales detrás del atentado. Para entender el contexto legal, es fundamental conocer el Derecho Penal en Colombia.

1. Marco jurídico: Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA)

1.1 Ley 1098 de 2006: Código de la Infancia y Adolescencia

• Establece el SRPA, enfocándose en el restablecimiento y la resocialización.
• Define como sanción, no como condena, la privación de libertad a menores entre 12 y 17 años, por varios meses, hasta un máximo de 8 años, cuando el delito sancionable tenga una pena igual o superior a 6 años según el Código Penal.

1.2 Proceso penal juvenil

• Inicia con la legalización de la captura por parte de un juez penal para adolescentes. Posteriormente, se realiza la imputación, se define la medida de aseguramiento (internación preventiva) y se lleva a cabo la audiencia. Es importante destacar los Derechos de las víctimas en el proceso penal colombiano.
• Si se comprueba la responsabilidad, se impone una sanción pedagógica; el tiempo de internación se ajusta dependiendo de la conducta, el riesgo y la colaboración del menor.

1.3 Sanción máxima aplicable

• Para tentativa de homicidio u homicidio en hechos graves, el SRPA prevé un mínimo de 2 años y un máximo de 8 años de internación.
• No genera antecedentes penales, y no se cumple en cárceles del INPEC, sino en centros especializados como el CAE “El Redentor”.

2. Jurisprudencia y casos similares

2.1 Casos históricos de menores sicarios

Desde los años 80 y 90, Colombia ha vivido episodios de menores sicarios al servicio del narcotráfico y grupos armados. Por ejemplo, durante el magnicidio del ministro Rodrigo Lara Bonilla (1984) participó un joven de apenas 18 años, lo que ha sido un caso emblemático del uso de menores como sicarios.

2.2 Coautor intelectual y redes criminales

Aunque el autor material haya sido el menor, investigaciones actuales apuntan a redes criminales o sicariato, implicando presuntos autores intelectuales.

2.3 Sentencias del SRPA

La jurisprudencia colombiana confirma que en casos graves el sistema privilegia la resocialización. Si el menor colabora y no representa riesgo, los jueces pueden optar por una sanción mínima de 2 años e incluso criterios de oportunidad, reduciendo la acción penal.

3. Perspectivas doctrinales sobre la justicia penal juvenil

El caso del menor que atentó contra Miguel Uribe ha reactivado un debate profundo sobre cómo debe actuar el Derecho Penal Juvenil frente a delitos especialmente graves. En el ámbito doctrinal y académico se distinguen tres grandes posturas:

• Postura garantista: Defiende la finalidad pedagógica y restaurativa del SRPA. Considera que endurecer las penas vulnera los derechos fundamentales del menor y contradice los tratados internacionales. Esta posición enfatiza la necesidad de invertir en prevención social, atención psicosocial y oportunidades educativas para los adolescentes en riesgo.
• Postura intermedia: Reconoce que ciertos delitos, como el homicidio o el terrorismo, requieren una respuesta más contundente. Propone que en casos excepcionales se permita aplicar sanciones más severas dentro del SRPA, sin eliminar el enfoque resocializador. Busca equilibrar la protección de los derechos del menor con la seguridad ciudadana.
• Postura punitivista: Plantea que el sistema actual no disuade a las redes criminales de usar menores como sicarios. Aboga por reformar el SRPA o incluso permitir que ciertos adolescentes sean juzgados bajo el sistema penal ordinario, especialmente cuando exista reincidencia o se demuestre dolo agravado.

Este abanico de posiciones refleja la complejidad del tema y la necesidad de construir políticas criminales basadas en evidencia, que respondan tanto a las garantías constitucionales como a la realidad delictiva del país.

4. Propuestas de reforma: reducir la edad penal

Tras el atentado, la representante Piedad Correal anunció un proyecto de ley para reducir la edad penal de 18 a 14 años para delitos graves como homicidio, terrorismo, secuestro y violencia sexual.

Posturas a favor:

• Desincentivar el uso de menores por redes criminales.
• Asegurar sanciones proporcionales a delitos de gran impacto.

Posturas en contra:

• Riesgo de criminalizar a adolescentes sin atender raíces sociales.
• La Comisión de la Verdad, la Fiscalía y defensores de derechos reclaman reforzar el bienestar, no el castigo.

5. El caso del menor de 14 años

5.1 Hechos conocidos

• El menor disparó al senador en el parque El Golfito, quien recibió dos impactos en la cabeza y la pierna.
• Capturado en flagrancia, intercambió fuego con escoltas, resultó herido de pierna y fue atendido.
• Se legalizó la aprehensión (Audiencia de legalización de Captura en Colombia), se imputó cargos (Audiencia de formulación de imputación) y se ordenó internación preventiva (Audiencia de medida de aseguramiento) bajo protección del ICBF.

5.2 Medidas y protección

• El juez ordenó internación preventiva en un centro del SRPA.
• El menor y su familia ingresaron al Programa de Protección de Víctimas/Testigos, con cambio de identidad y reubicación posibles.

5.3 Posibles sanciones

• Si se reconoce responsabilidad, puede recibir entre 2 y 8 años, con enfoque pedagógico.
• Si colabora con información sobre autores intelectuales, podría acogerse a un criterio de oportunidad, optando por una sanción mínima de 2 años.

6. Contexto sociopolítico y desinformación

6.1 Disidencias armadas

Grupos como disidencias de las FARC niegan vínculos. El Gobierno revisa si hay implicaciones de la fuerza pública.

6.2 Uso de menores en violencia política

La instrumentalización de menores no es nueva en Colombia. Expertos advierten que el ataque reaviva debates sobre violencia estructural y urgente respuesta social.

6.3 Desinformación peligrosa

Tras el atentado, se difundieron datos y teorías falsas sobre el menor, generando amenazas. Se ha urgido a medios y autoridades a verificar contenidos.

7. Conclusión: equilibrio entre justicia, resocialización y seguridad

1. El sistema penal juvenil actual prioriza el restablecimiento de derechos y protege a los menores infractores.
2. El menor implicado será juzgado bajo el SRPA, donde la sanción máxima podría ser de hasta 8 años de internación.
3. La jurisprudencia respalda una sanción mínima si colabora, sin antecedentes.
4. Expertos insisten en reforzar programas preventivos y la atención a la vulnerabilidad juvenil.
5. El proyecto para reducir la edad penal refleja una respuesta política urgente, pero debe articularse con estrategias sociales.
6. Para una justicia efectiva, es vital determinar las redes criminales y la posible autoría intelectual.

Recomendaciones para mejorar el sistema